Visita a la I.E.F.A de ALVARO URIBE MORENO, Director de Gestión y Apoyo Administrativo de SEDUCA..

LA LIBERTAD NO EXISTE SIN REGLAS: Los deberes y derechos de los miembros del gobierno escolar en el marco de la Participación Ciudadana.

El pasado 25 de Noviembre de 2009 tuvimos la visita del doctor ALVARO URIBE MORENO con el propósito de elucidar algunas situaciones de carácter administrativa y de tramite común en las relaciones y procesos institucionales. De la conversación con este funcionario, Director de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación departamental, han surgido estas reflexiones que deben fortalecer nuestra profesionalidad e integración Federiquiana.

El Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Participación Ciudadana, dando cumplimiento al mandato Constitucional y con el fin de garantizar el control social, recomienda  herramientas prácticas que le permite a la comunidad conocer conceptos básicos para  ejercer sus derechos y sobre lo cual se reconoce, también, la participación de los Padres de familia en los asuntos escolares, siempre y cuando se respeten esos principios constitucionales (“La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”, artículo 270), y además, el debido proceso, que tanto nos reclaman a los docentes cuando se trata de juzgar las actuaciones de nuestros estudiantes.

De acuerdo a la legislación colombiana en este aspecto, la participación de los Padres de Familia en los órganos del gobierno escolar, concretamente en el Consejo de Padres, esencialmente debe propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa y sobre todo promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño, entre otras funciones (decreto 1286, abril 27 de 2005).

Caso contrario: el Padre de Familia o acudiente no debe ejercer una práctica tipificada como Violencia laboral,  acción psicológica que de forma sistemática y recurrente se ejerce sobre los maestros de cualquier institución educativa, con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de la labor docente y/o con la intención de que alguno de ellos abandone el sitio de trabajo. Para ello, este tipo de Padres de familia utiliza la amenaza y un supuesto poder que tiene para lograrlo. Sus acciones tienen por objeto intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar, y/o perturbar emocional e intelectualmente a los maestros. Induce, además a otros Padres de familia a imitar estas acciones lo que  genera confusión e incertidumbre en algunos de ellos.

En Colombia las acciones contra el funcionamiento de la actividad docente deberían ser perseguidas de oficio desde la fiscalía, se debe reforzar la figura del profesor y las faltas que se realizan contra ellos deben tener una consideración más grave. La angustia e impotencia de los maestros ante el acoso de Padres de familia y la violencia en las aulas en el sector oficial debe llamar la atención del MEN para considerarlo con una legislación que lo proteja y le garantice su desempeño cabal en la labor que realiza en las instituciones educativas. En este sentido nos ha parecido interesante el ejemplo español, del cual referenciamos y contextualizamos algunas ideas que son dignas de tener en cuenta ante la fragilidad colombiana para proteger al docente, se debe:

Escuchar al profesor respetando en todo momento el anonimato.

Evaluar la situación de conflictividad.

Intentar resolver esa situación conflictiva.

Reflejar estadísticamente los datos generales obtenidos, confeccionar informes, analizando la incidencia de estos hechos, sus causas y repercusiones.

Demandar a los directivos y autoridades educativas que lleven a cabo una campaña institucional de concienciación, dirigida a la sociedad, a las familias y a los jóvenes, y que en su «plan de choque contra la violencia escolar», viniere ésta de cualquier estamento de la comunidad educativa, arbitren las medidas oportunas para mejorar la convivencia y acabar con las agresiones en las Instituciones Educativas.

La realidad experimentada por los maestros, no solo de la Federico Ángel, sino en gran parte de las instituciones educativas públicas se expresa a través de estas coincidencias:

• Se pierde un tiempo enorme de cada sesión de clase en conseguir un mínimo de silencio y una actitud de trabajo, y en mantenerla a lo largo de cada sesión.
• Es imposible reaccionar ante un insulto, por grave que sea, con una sanción inmediata. Al terminar la clase, se debe comenzar un proceso administrativo.
• La actitud de los alumnos conflictivos y el tiempo dedicado a su atención perjudica a quienes desean aprender, lo cual es una verdadera injusticia.
• La adquisición de conocimientos se ha ido desprestigiando gradualmente y esto impide a los alumnos alcanzar la  formación adecuada para su futura vida laboral.
• Los profesores están menos valorados, no sólo por los alumnos sino por buena parte de los Padres de familia, a pesar de verse obligados a asumir sus funciones en muchos casos. No se reconoce la profesionalidad.
• Las decisiones del profesor son cuestionadas. Se deben justificar actitudes como la exigencia, la seriedad, el fomento del estudio. Justificarse continuamente ante la incomprensión general resulta frustrante.
• En muchas ocasiones, resulta imposible tomar decisiones serias y coherentes sobre el funcionamiento de la propia clase. Se depende de una interminable serie de procedimientos burocráticos, y la última palabra siempre corresponde a los directivos o al Consejo Directivo.
• La situación de vulnerabilidad dificulta la actuación inmediata en conflictos entre alumnos. La normativa no deja hacer nada, ni por el profesor ni por los alumnos.
• La repercusión de estos conflictos en la salud obliga a veces a recurrir a bajas que distorsionan el funcionamiento de la Institución educativa y perjudican a los estudiantes.
• Por todo esto, el estado anímico del profesorado es cada vez menos adecuado para hacer frente diariamente a la delicada tarea que ha emprendido por vocación.

Desafortunadamente, la acertada insinuación del  siguiente vídeo , es muy cercana a nuestra realidad.

También te puede interesar:

• LEY DE INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.