El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó algunos alcances de la nueva emergencia sanitaria y lo que se busca en materia de reactivación económica y social en el país. En el caso de la educación, lo que se proyectó es que a partir el 1 de junio toda la educación primaria, secundaria y jardines infantiles estuvieran en alternancia, pero a partir del 15 de julio, con la meta de tener a todos los docentes vacunados, se regresaría a la presencialidad para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes del país.
Por supuesto, que este retorno a las clases presenciales representa uno de los hitos principales en la gestión de la vuelta a la presencialidad. Existen una diversidad de elementos de índole social y técnicos que atraviesan a la decisión y la vuelven una definición política compleja. Desde el punto de vista social la suspensión de las clases ha trastocado el funcionamiento de las comunidades educativas. Ha alterado las dinámicas familiares demandando una importante movilización de recursos para garantizar los cuidados y el debido acompañamiento pedagógico, así como ha impactado en el bienestar subjetivo de niños y adolescentes. Desde un punto de vista de los procesos de aprendizaje, diversos enfoques coinciden en que el no regreso a las clases presenciales podría profundizar brechas sociales de aprendizajes preexistentes, así como los niveles de deserción escolar, debido a la imposibilidad de los hogares de menores recursos para asegurar el acompañamiento pedagógico requerido.
Ante la definición por parte del Ministerio de salud y el MEN de una política clave en el proceso de retorno a las clases presenciales, las medidas que se estarán anunciando en el correr de esta ultima semana de junio y el comienzo de julio están siendo recibidas por una opinión pública que en términos generales se manifiesta cauta respecto al proceso de vuelta de las actividades académicas. Si bien un sector de la población manifiesta expectativas de un pronto retorno a las clases presenciales el 15 de Julio, un grueso de padres de familia o de la comunidad en general desea que ese proceso se produzca en dos meses, siempre y cuando existan la garantías pertinentes. Sin embargo, la Ministra anunció que existen excepciones, tales como la incapacidad de la institución de garantizar la distancia física de un metro en las aulas y cuando las condiciones epidemiológicas dentro de una institución lo ameriten.
Pensamos que, en esta situación grave de pandemia, si se regresa a clases presenciales se asegura el derecho a la educación a cambio de exponer a la enfermedad y muerte a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿Cuál es la alternativa que producirá el bien mayor y el mal menor? En la disyuntiva, entre ambos imperativos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, debiera primar el derecho a la salud
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